Armas de fuego: ¿Protección o Riesgo?

armasEs un hecho cierto que uno de los grandes causantes de la violencia en Venezuela, está relacionado con el uso y circulación de armas de fuego y municiones. Por esta razón, G4S Venezuela presenta en esta nota, un tema que ha causado polémica en otros países y en Venezuela ha despertado el interés de la población y de la opinión pública, en la idea de producir una ley de desarme para disminuir el índice de delitos causados por las armas de fuego en nuestro país.

Según el criterio de algunos especialistas, la hipótesis de tener un arma de fuego como mecanismo de protección es una idea totalmente errada, ya que el arma de fuego actúa de dos maneras frente a un hecho de riesgo: en primer lugar, como un objeto deseado en sí mismo, es decir, el portar un arma puede ser el atractivo para que un delincuente inicie una agresión o un intento de robo del arma. En segundo lugar, existe una teoría general de que, ante la presencia de armas de fuego, hay mayor probabilidad de generar un comportamiento violento en la contraparte.

Sin embargo, otros expertos insisten en que, cuanto más armas existan en manos de los ciudadanos honestos de una comunidad, más seguros están y las armas serían un eficaz instrumento de autodefensa contra los delincuentes.

En un trabajo realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2009, titulado “Desarmar la Violencia”, se mostró que en El Salvador (país con una de las tasas más altas de homicidios con armas de fuego), las armas eran vistas por un segmento importante de la población, como el instrumento adecuado para la defensa personal. Algo más del 40% de la población, afirmó desear tener armas de fuego con propósitos de defensa personal y protección.

No obstante, en este trabajo se concluyó que los peligros de utilizar un arma para intentar defenderse de un robo a mano armada son muy altos. De acuerdo con la investigación, las personas que intentaron usar un arma de fuego para defenderse de un asalto o robo a mano armada murieron en una relación 48 veces más alta que quienes no intentaron defenderse del asalto. De todas las veces que se usaron armas para defenderse, en más del 65% de los casos la víctima resultó herida o muerta.

La proliferación de las armas de fuego en la población, su tratamiento y su control, constituyen una amenaza constante a nivel internacional. Se estima que el 75% de las armas en el mundo se encuentra fuera de las manos del Estado. Este hecho, impacta directamente en el Estado de Derecho, desafía la paz ciudadana y genera inestabilidad e incertidumbre en la población.

La comercialización descontrolada de armas y su tenencia ilegal en manos de los ciudadanos, no sólo tiene que ver con los grupos que se encargan de su comercialización ilícita, sino que, además, existe en diferentes casos, un traspaso ilegal entre las autoridades (policiales y militares) y la población. De hecho, la desviación de armas desde el sector privado y público es uno de los recursos más importantes que tienen los criminales y otros grupos para armarse.

En América Latina, las cifras de homicidios por armas de fuego convierten a la región en una de las más peligrosas y en la que mueren más personas por armas de fuego sin estar asociadas a conflictos armados. De las trece ciudades con mayores tasas de homicidio de este tipo en el mundo, diez de ellas corresponden a América Latina y el Caribe, situación que evidencia la existencia de una alta circulación de armas y una carencia de instrumentos efectivos de control de éstas.

En Venezuela existen alrededor de 4 millones de armas de fuego ilegales en manos de la población civil del país y las muertes causadas por armas de fuego representan el 85% de los homicidios, totalizando en 2011, más de 16.000.

Ante esta situación, surgió la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, instancia que en Venezuela, tiene como misión el diseño e implementación de una política pública integral para la ejecución de procesos de control, regulación y desarme que garantice la construcción de una cultura de paz y la recuperación de espacios para la convivencia ciudadana.

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